Según Jordán, el cochabambino Andrés María Torrico, al que la historia oficial marginó sin razón, fue un hombre probo y estudioso que desempeñó honrosos y meritorios trabajos como el de primer cancelario de la universidad de Cochabamba, diputado nacional, ministro de Estado, presidente del Estado Sud –Peruano y diplomático.
El autor señala que en 1858 el gobierno de Linares impuso la denominada Ley de Procedimiento Criminal, norma elaborada por Casimiro Olañeta, copiando la codificación francesa, pero al mismo tiempo haciendo variaciones “atrevidas y sin ninguna lógica”.
La reacción contra el procedimiento de Olañeta motivó una reacción ciudadana y se produjo una disputa epistolar y académica con pocos precedentes. Andrés María Torrico fue el más ilustre adversario del procedimiento. A momento de la polémica era ministro de la Corte Suprema de Justicia, y desde su primer folleto estableció sin tapujos estar en total y absoluto desacuerdo con dicha ley, por no corresponder a ningún sistema procesal imperante, ya sea con tribunal único o de jurados.
La polémica, que duró seis meses, dio como resultado posterior que la legislación de Olañeta sea modificada en los términos que ya previó Torrico.
“Jordán, reconocido romanista e historiador del Derecho, nos ofrece una nueva y valiosa entrega bibliográfica: ‘La Suprema Disputa’. Se trata de una impecable reconstrucción crítica de la codificación penal y procesal penal en la Bolivia decimonónica”, señala el jurista peruano Carlos Ramos Núñez, miembro de Número de la Academia Peruana del Derecho, y de la Academia Nacional de la Historia del Perú, Correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid, y autor de varios libros.
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