El abogado y analista político Carlos Hugo Molina, que fue parte del equipo de profesionales que diseñó la Ley de Participación Popular, recordó que uno de los grandes impactos políticos que tuvo esta normativa fue la irrupción de nuevos liderazgos y la incorporación de territorios al desarrollo nacional. "A solo 3 años de vigencia de la ley, ya se habían incorporado 12.000 organizaciones indígenas, vecinales y campesinas con personalidad jurídica propia, y que eso significaba la irrupción de nuevo liderazgo", recordó.
Dijo que en aquel tiempo (1994) existían 186 municipios y que solo 24 administraban recursos. El 86% de todos los ingresos municipales se distribuía en los departamentos del eje central./
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